Ciudad de México.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó un asunto en el que una asegurada del IMSS reclamó el otorgamiento y pago de una pensión de vejez. 

En los antecedentes narró que tenía un número de semanas y un salario promedio de cotización significativamente mayores a los reconocidos en la hoja de certificación de derechos emitida por el Instituto.

La junta laboral tuvo por presuntivamente ciertos los hechos aducidos por la asegurada debido a que el Instituto no exhibió en la prueba de inspección ocular las documentales en físico sobre las altas, bajas y movimientos registrados en el sistema.

La Segunda Sala consideró que la presunción derivada de la prueba de inspección era insuficiente para desvirtuar el valor probatorio de la hoja de certificación de derechos, por las particularidades que respaldan su expedición.

Se resaltó como hecho notorio que existen múltiples conflictos laborales similares, en los que indebidamente se acreditan a través de presunciones semejantes altos salarios y más semanas cotizadas de las que el IMSS tiene registro. La Sala destacó que se debe dar vista al Ministerio Público Federal ante probables conductas ilegales, como es declarar falsamente ante una autoridad judicial o jurisdiccional con el fin de obtener un beneficio indebido.

Finalmente, la Sala instruyó la notificación de esta resolución al Pleno de la Suprema Corte para que levante el aplazamiento decretado en el Acuerdo General Plenario 6/2022, respecto del fallo de juicios de amparo en que subsista el análisis de las cargas probatorias que corresponden al IMSS en materia de pensiones.

Amparo directo 29/2022. Ponente: Ministro Javier Laynez Potisek. Resuelto en sesión de 15 de febrero de 2023, por unanimidad de cinco votos.