La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido de manera arbitraria en el centro de reclusión conocido como El Helicoide, volvió a encender las alarmas internacionales sobre las graves violaciones a los derechos humanos que persisten en Venezuela.
De acuerdo con la Cuenta oficial de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, el fallecimiento de Díaz constituye “otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”, calificando el hecho como una muestra adicional de la represión sistemática aplicada contra opositores, activistas y ciudadanos que disienten del gobierno.
El Helicoide, señalado por múltiples organismos internacionales como un centro de tortura y detención ilegal, ha sido escenario de denuncias continuas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La muerte de Alfredo Díaz vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones carcelarias y el uso del aparato de seguridad estatal para silenciar voces críticas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido una investigación independiente, la liberación inmediata de todos los presos políticos y garantías para que casos como este no se repitan. Asimismo, han reiterado que el fallecimiento de Díaz no es un incidente aislado, sino parte de un patrón documentado por organismos como la ONU y la Corte Penal Internacional.
