*El PRI Sinaloa, está listo para defender a México y la democracia

Culiacán, Sin., jueves 05 de febrero de 2026.– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia, la seguridad, la economía familiar y los derechos sociales, frente a los retos que actualmente enfrenta el país y que impactan de manera directa a las y los sinaloenses.

El presidente del PRI Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo, manifestó que el partido rechaza de manera firme la llamada “Ley Maduro”, al considerar que representa un intento claro por concentrar el poder, debilitar a las instituciones electorales, silenciar a la oposición y poner en riesgo las libertades democráticas que han costado décadas de esfuerzo y lucha.

En concordancia con lo expresado por el dirigente nacional del PRI, el senador Alejandro Moreno, durante la pasada IV Reunión Plenaria con legisladoras y legisladores priistas, Gerardo Lugo subrayó que en Sinaloa no se permitirá ningún retroceso que vulnere la democracia ni el equilibrio entre los poderes.

En materia de seguridad, el dirigente estatal señaló que Sinaloa requiere instituciones sólidas, coordinación efectiva y decisiones responsables. Por ello, el PRI exige la integración y el funcionamiento inmediato de las Comisiones Bicamarales de Seguridad Nacional y de evaluación de las tareas que realiza la Guardia Nacional, así como la presentación urgente del Programa de Seguridad Nacional 2024–2030y de la Agenda Nacional de Riesgos 2025.

Asimismo, destacó que la protección de la economía familiar debe ser una prioridad, especialmente en un estado donde miles de hogares dependen de un ingreso mínimo. En ese sentido, el PRI impulsa un subsidio a la alimentación para quienes perciben un salario mínimo, así como medidas para frenar los abusos en los seguros de gastos médicos mayores, garantizando costos justos y el respeto a los derechos de las y los asegurados.

En el ámbito de la igualdad y la protección social, el PRI Sinaloa respaldó el fortalecimiento del marco legal para combatir de manera efectiva la violencia contra las mujeres, evitando cualquier mecanismo que propicie la impunidad.

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