Los Mochis, Sinaloa.- La discusión sobre la estrategia de seguridad en Sinaloa llegó este fin de semana a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde el diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exigir a las autoridades federales mayor transparencia en la operación de los retenes instalados en el estado.

Desde la tribuna, el legislador sinaloense sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer si estos puntos de revisión realmente están cumpliendo con su objetivo de combatir la delincuencia o si, por el contrario, han generado incertidumbre entre quienes diariamente transitan por las carreteras.

La propuesta también pone el foco en los hechos ocurridos recientemente en el Poblado 5, en el Valle del Carrizo, municipio de Ahome, donde se denunciaron presuntos actos de uso excesivo de la fuerza. Por ello, Zamora solicitó que esos acontecimientos sean investigados de manera pronta, objetiva e imparcial.

“Los sinaloenses queremos vivir seguros, pero también queremos instituciones que actúen con legalidad, profesionalismo y con un respeto irrestricto a la dignidad de las personas. La autoridad debe generar confianza y tranquilidad, no temor en las familias que transitan por nuestras carreteras”, expresó.

El diputado recordó que desde diciembre de 2023 el Gobierno del Estado reconoció públicamente la existencia de denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas extorsiones y malos tratos en retenes carreteros, además de pronunciarse en favor del respeto al derecho constitucional al libre tránsito.

Sin embargo, señaló que, pese a ese posicionamiento oficial, la ciudadanía sigue sin conocer resultados concretos que permitan medir la efectividad de estos operativos.

“Hoy la pregunta sigue vigente: ¿qué resultados concretos y medibles están dando estos retenes para mejorar la seguridad de las familias sinaloenses?”, cuestionó.

Entre los principales puntos del exhorto, Mario Zamora solicita que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República hagan públicos los criterios técnicos, jurídicos y de inteligencia que justifican la instalación y permanencia de los retenes.

Asimismo, plantea transparentar estadísticas relacionadas con personas detenidas, armas aseguradas, decomisos de drogas, recuperación de vehículos con reporte de robo, costos de operación e indicadores utilizados para evaluar la eficacia de esta estrategia.

Otro de los aspectos que destacó el legislador es la participación de personas auxiliares o colaboradores dentro de los retenes federales. Señaló que la población debe conocer bajo qué fundamento legal desempeñan esas funciones, qué responsabilidades tienen, quién responde por sus actuaciones y si cuentan con capacitación, acreditación oficial y supervisión institucional.

También pidió que, en caso de existir personal auxiliar permanente, se transparente su situación laboral, el régimen bajo el cual prestan sus servicios y si cuentan con prestaciones como seguridad social, ISSSTE y FOVISSSTE.