• Por cada 100 hombres incorporados al crecimiento poblacional se sumaron aproximadamente 394 mujeres

 Culiacán, Sinaloa, 20 de octubre de 2026.- La disminución de la población masculina, particularmente entre los jóvenes en edad productiva y reproductiva, y la transformación de la estructura de los hogares sinaloenses representan señales de alerta sobre las consecuencias sociales de la violencia, advirtió la diputada Paola Gárate Valenzuela, al analizar los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La legisladora priista señaló que las cifras demográficas deben leerse más allá del crecimiento poblacional, pues también permiten observar cambios en la composición por sexo y edad, en la organización de las familias y en las condiciones de vida de quienes han tenido que abandonar sus hogares por la inseguridad.

De acuerdo con los datos presentados por Gárate Valenzuela, entre 2020 y 2025 la población femenina de Sinaloa aumentó en 59 mil 720 personas, mientras que la masculina creció sólo en 15 mil 166. Esto significa que por cada 100 hombres incorporados al crecimiento poblacional se sumaron aproximadamente 394 mujeres.

Para la diputada, esta diferencia obliga a examinar con mayor profundidad los efectos de la violencia, la migración y la pérdida de población joven, así como sus implicaciones para el desarrollo económico y social del estado.

Planteó la necesidad de una política pública integral que atienda las consecuencias sociales de la crisis de seguridad y no se limite a responder a sus efectos inmediatos, se debe, dijo “elaborar una estrategia de reconstrucción social que atienda el desplazamiento, la orfandad, la vulnerabilidad de las familias y los cambios demográficos, con acciones verificables y una perspectiva de largo plazo”.

Subrayó que la información del INEGI debe servir como base para identificar necesidades, orientar presupuestos y evaluar resultados, de modo que los datos se traduzcan en medidas concretas para las personas y comunidades afectadas.

LA POBLACIÓN JOVEN, ENTRE LAS PRINCIPALES SEÑALES DE ALERTA

Uno de los datos que destacó corresponde a la relación entre hombres y mujeres en edades productivas. Según las cifras expuestas por la legisladora, entre 2020 y 2025 la proporción de hombres por cada 100 mujeres de 20 a 24 años disminuyó de 99.2 a 94.4.

En el grupo de 35 a 39 años, la relación pasó de 96.2 a 88.3 hombres por cada 100 mujeres.

Gárate Valenzuela consideró que estos cambios requieren un análisis que contemple los efectos de la violencia, la mortalidad y la migración, particularmente en una entidad donde la inseguridad ha alterado la vida cotidiana de numerosas comunidades.

Advirtió que la pérdida o salida de población joven no debe reducirse a una estadística, pues puede repercutir en la disponibilidad de trabajadores, la actividad productiva, la formación de familias y las perspectivas de desarrollo de las comunidades.

La dimensión social del fenómeno, dijo la diputada Paola Gárate, también se refleja en el desplazamiento forzado, INEGI reporta que 13 mil 300 hogares sinaloenses tuvieron integrantes que se vieron obligados a cambiar de residencia por inseguridad o violencia entre octubre de 2020 y octubre de 2025, lo que representa a 43 mil 400 personas.

A estos cambios se suma la transformación de la estructura familiar. De acuerdo con los datos expuestos en la conferencia, los hogares conformados por parejas con hijos disminuyeron de 57.9 a 51.2 por ciento, mientras que los hogares unipersonales aumentaron hasta representar el 15.4 por ciento.

Asimismo, la proporción de hogares encabezados por mujeres llegó a 35.7 por ciento y la de madres solteras sin pareja aumentó de 18.6 a 21.6 por ciento.

Para Gárate Valenzuela, estas tendencias hacen necesario fortalecer las políticas públicas dirigidas a las familias, en especial a las mujeres que asumen solas la responsabilidad económica y de cuidados, así como a niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia, la desaparición o el desplazamiento, así como generar condiciones para el regreso seguro de las personas desplazadas.