• Solicitó a la Fiscalía General de la República informar sobre los avances y conclusiones de las investigaciones contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, tras más de seis meses sin una determinación ministerial definitiva de carácter público
• Planteó que la UIF mantenga las restricciones sobre los recursos bancarios mientras existan indicios suficientes y fundamentos legales que justifiquen su inmovilización
La senadora Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a informar al Senado sobre los avances, resultados y conclusiones de las investigaciones relacionadas con Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios. Todos fueron señalados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico y las armas de fuego.
La legisladora recordó que las acusaciones se hicieron públicas el 29 de abril de 2026. También señaló que, el 28 de mayo, la FGR informó que cinco de las diez personas señaladas habían comparecido ante la autoridad ministerial.
Sin embargo, destacó que, a más de seis meses de esos hechos, no existe información pública sobre una determinación definitiva ni sobre la situación jurídica de Rocha Moya, quien sigue en su casa tranquilo mientras la gente de Sinaloa sufre las consecuencias del pacto criminal que lo llevó al poder.
Sánchez Ramos también pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantener las restricciones sobre los recursos bancarios de Rocha Moya, siempre que subsistan indicios suficientes y fundamentos legales para su inmovilización.
Asimismo, solicitó a la dependencia un informe al Senado sobre las razones para mantener o levantar dichas medidas, con respeto a las resoluciones judiciales y a los límites de confidencialidad.
La priista señaló que el 13 de noviembre la UIF informó que acataría una suspensión provisional. Esta permite el acceso parcial a recursos bancarios provenientes de pensiones del IMSS, ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ante este hecho, consideró necesario que las autoridades expliquen los fundamentos de las restricciones financieras y de cualquier modificación a estas medidas.
























