El Gobierno del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un giro polémico este martes al autorizar redadas migratorias en lugares anteriormente considerados como “protegidos”, tales como escuelas, iglesias y hospitales. Esta decisión marca un cambio drástico respecto a las políticas migratorias implementadas durante la Administración de Joe Biden.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revocó una directriz de la era Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar realizar operativos en estos espacios sensibles o cerca de ellos. Esta directriz, implementada en 2021, buscaba garantizar que los inmigrantes tuvieran acceso seguro a servicios básicos y a espacios de refugio espiritual y educativo sin temor a detenciones.
Una medida que genera controversia
La decisión de Trump ha generado un fuerte debate en todo el país. Por un lado, sus seguidores la ven como un paso necesario para reforzar la seguridad nacional y combatir la inmigración irregular sin restricciones. Por otro lado, activistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios han alzado la voz en contra de esta medida, argumentando que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de miles de personas, incluidas familias y menores de edad.
“Las escuelas, iglesias y hospitales no deberían convertirse en zonas de miedo. Son espacios que representan la esperanza, la sanación y la educación, y no lugares de persecución,” expresó un portavoz de una organización pro derechos de inmigrantes.
Impacto en las comunidades vulnerables
La eliminación de estas protecciones podría tener efectos significativos en las comunidades inmigrantes, ya que las escuelas y hospitales son lugares esenciales donde las familias buscan educación, atención médica y apoyo espiritual. Con esta nueva política, se teme que muchas personas eviten buscar estos servicios por temor a ser detenidas.
Un retroceso en las políticas humanitarias
Mientras los críticos catalogan esta decisión como un retroceso en los avances humanitarios logrados durante la Administración de Biden, el Gobierno de Trump se mantiene firme en su enfoque hacia una política migratoria más estricta, argumentando que es un asunto de seguridad y soberanía nacional.
La implementación de esta medida estará bajo escrutinio tanto en el ámbito nacional como internacional, ya que la atención se centra ahora en cómo impactará a las comunidades más vulnerables.