Reconoce la decisión de la Juez Sexto de Distrito porque ha

privilegiado el derecho colectivo de los pueblos originarios a ser consultados.

Para el diputado local y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso de Sinaloa, Martín Vega Álvarez, la decisión de la Juez Sexto de Distrito, Aída Aracely Villarreal Escovar, de validar la consulta indígena relacionada con la planta de fertilizantes de Topolobampo sienta un precedente en América Latina en el respeto a los derechos de los pueblos originarios.

Explicó que no es cosa menor el hecho de que se haya validado la consulta en la que participaron los habitantes de las comunidades indígenas ubicados a 45.5 kilómetros a la redonda de la planta de fertilizantes, para validar el proyecto económico de Gas y Petroquímica de Occidente.

Señaló que la resolución emitida el 28 de febrero de este 2023 por la titular del Juzgado Sexto de Distrito, pone de manifiesto que debe ser prioridad para las autoridades promover y garantizar la implementación del derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas en la región.

Destacó que como integrante del pueblo indígena Yoreme-Mayo del Estado de Sinaloa, y en su calidad de representante electo de los grupos y personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, “me congratula sobremanera saber que el órgano jurisdiccional, ha privilegiado nuestro derecho colectivo a ser consultados sobre todas aquellas acciones y medidas susceptibles de incidir de manera directa e indirecta nuestro entorno.”

El legislador local expresó que el respeto al derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas es fundamental, ya que promueve el ejercicio pleno que tienen quienes integran estas comunidades, de participar libremente en la toma de decisiones, buscando mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios.

El diputado Martín Vega consideró que la aplicación de este tipo de instrumentos, como el de la consulta indígena, son las herramientas que de ahora en adelante tendrán que exigir los pueblos originarios aplicar para cualquier proyecto económico que llegue a Sinaloa y a México, y que tenga incidencia en sus comunidades.

De esta manera, dijo, se deberá garantizar que cualquier proyecto realmente cumpla con las normativas aplicables, pero a la vez que los pueblos se beneficien efectivamente del desarrollo económico y social que éstos generen.

Consideró que la validación de la consulta indígena por parte de la Juez Sexto de Distrito tiene un significado por demás trascendente, ya que garantiza que los habitantes de los pueblos originarios ya nunca más serán relegados, y tendrán que ser tomados en cuenta, y sus decisiones respetadas en el marco legal. Así, dijo Vega Álvarez, se ha logrado que ya no sólo vean pasar el progreso, sino que deberán ser primeros preferentes tanto en la contratación laboral como en los beneficios inherentes a los proyectos económicos que aterricen en las zonas cercanas a sus comunidades.

Para el primer diputado indígena electo por mayoría relativa del distrito 01 (Choix y El Fuerte), quien cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas por la UAdeO, en contraparte, los jóvenes de las comunidades indígenas tendrán que capacitarse y actualizarse para responder a las exigencias planteadas por los nuevos proyectos productivos, como premisa para ser considerados parte de los mismos.