Sea cual sea la decisión de la Corte debe aceptarse el fallo, considera el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Sinaloa, Martín Vega.

Para el presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas del Congreso de Sinaloa, Martín Vega Álvarez, sea cual sea la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser aceptada, y si la determinación viene en el sentido de que se consulte a los pueblos originarios ésta debe acatarse, porque sería lo más sano para todos.

Aclaró que él, en su calidad de legislador y representante de las comunidades indígenas en el Congreso local apoyará las decisiones que tomen los pueblos tradicionales respecto al proyecto de la planta de fertilizantes.

El titular de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas de la 64 Legislatura del Congreso del Estado agregó que después de la consulta pública, que se llevó a cabo en noviembre del año pasado en el que la sociedad del norte de Sinaloa dio su aval para la construcción de la planta de fertilizantes, toca el turno a los pueblos tradicionales participar, si la Corte así lo decide.

El diputado Martín Vega Álvarez, quien llegó al Congreso por la alianza Morena-PAS, expresó que, de aprobarse, se tendrá que consultar e informar a los habitantes de las comunidades como El Carricito, Ohuira, Lázaro Cárdenas, Carrizo Grande, que es donde se concentra la población nativa relativamente cercana al proyecto de la planta de fertilizantes.

En su opinión, después de acudir a la planta y luego de sostener reuniones con directivos y representantes de la empresa junto con otros legisladores locales, no existe riesgo alguno de daños al medio ambiente ni a la actividad pesquera y, por el contrario, existen planes de remediación de la bahía y, por consiguiente, de impulso a ese sector productivo y a los pueblos tradicionales.

Vega Álvarez reconoció que en cualquier proyecto de la magnitud del de GPO hay quienes están a favor o en contra debido a los intereses económicos, políticos y sociales que se mueven.

El presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas del Congreso de Sinaloa explicó que es urgente darle certeza jurídica a la inversión, para evitar la amarga experiencia que le ha tocado vivir al proyecto de la planta de fertilizantes de GPO, que por años ha luchado por instalarse en esta zona y que ha tenido que transitar una serie de trabas que han entrampado su construcción.

Martín Vega reconoció que la información que ha recibido por parte de GPO le ha servido para conocer a detalle los alcances del proyecto, y admitió que hoy tiene una percepción más clara de qué se trata la inversión y cada uno de los programas tendientes a mejorar el medio ambiente y las condiciones de vida de los pueblos tradicionales.

Recordó que durante la reunión con directivos de GPO se les detallaron los alcances de la inversión, la importancia del proyecto para el campo mexicano, la generación de empleos y toda una estrategia para asegurar que no habrá daño ecológico por la operación de la planta de fertilizantes.

Vega Álvarez reiteró que el compromiso de la empresa GPO es darle prioridad a la contratación de trabajadores que viven en la zona de influencia del proyecto; es decir, a los habitantes de comunidades cercanas, entre las que se encuentran algunas donde reside población indígena.

Asimismo, se dieron a conocer las políticas de la empresa a favor del medio ambiente y, sobre todo, lo que hasta hoy se ha hecho para favorecer a los habitantes de las comunidades indígenas, a quienes además se les asegurará un espacio laboral una vez que se dé luz verde para la construcción del proyecto.