El senador por Morena, Enrique Inzunza, se mantiene en el centro de la controversia luego de que trascendieran acusaciones en su contra por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, relacionadas con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, el legislador no ha hecho apariciones públicas recientes y, hasta el momento, no ha solicitado licencia para separarse de su escaño en el Senado, lo que ha generado cuestionamientos tanto en el ámbito político como en la opinión pública.

La situación contrasta con las decisiones tomadas por otros actores políticos de Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencia a sus respectivos cargos en días recientes, en medio del clima de tensión política que atraviesa la entidad. Sin embargo, ambos mantienen el fuero constitucional, lo que les otorga protección legal frente a posibles procesos judiciales.

La ausencia de Inzunza y su decisión de permanecer en funciones han intensificado el debate sobre la responsabilidad política y la transparencia en el ejercicio público, especialmente en un contexto donde las instituciones enfrentan crecientes exigencias de rendición de cuentas.