Mas del 4% de la fuerza laboral de Estados Unidos —compuesta por aproximadamente 170 millones de personas— estaba integrada por inmigrantes indocumentados, según estimaciones del banco Goldman Sachs. 

Esta cifra refleja una realidad clave en el panorama económico del país: cientos de miles de trabajadores sin estatus legal desempeñan funciones esenciales en sectores como la construcción, el servicio doméstico, la limpieza, la manufactura y la hostelería.

Ante este panorama, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para hacer cumplir las leyes migratorias a través de redadas en centros de trabajo, en lugar de enfocarse exclusivamente en detenciones en la frontera o deportaciones posteriores. 

La lógica detrás de esta estrategia es disuadir a empleadores de contratar mano de obra indocumentada y limitar el incentivo económico que atrae a nuevos migrantes. 

Las autoridades migratorias han señalado que estas acciones están dirigidas especialmente a empresas que violan las leyes laborales y de inmigración de manera sistemática.

Sin embargo, existe una notable excepción: la industria agrícola. Este sector, vital para el suministro alimentario del país, ha sido históricamente excluido de las redadas a gran escala. ¿La razón? La agricultura depende de manera crítica de trabajadores indocumentados, quienes constituyen una parte sustancial —y en muchos casos mayoritaria— de su fuerza laboral. 

Por ello, aunque las leyes migratorias aplican a todos por igual en teoría, en la práctica la industria agrícola goza de una especie de inmunidad tácita.

Esta política selectiva genera debates. Por un lado, se cuestiona la equidad de aplicar la ley con más rigor en unos sectores que en otros. Por otro, los defensores de la agricultura argumentan que sin mano de obra indocumentada muchas granjas simplemente no podrían operar, lo que pondría en riesgo la seguridad alimentaria y elevaría los precios de los alimentos.

En cualquier caso, el dato revelado por Goldman Sachs deja claro que la presencia de trabajadores indocumentados no es marginal ni accidental, sino estructural. La economía estadounidense, con sus complejidades y contradicciones, ha convivido durante décadas con esta realidad. 

Las redadas son solo un síntoma visible de un debate más profundo: cómo equilibrar la necesidad económica de mano de obra con el cumplimiento de la ley migratoria, en un país donde ambos elementos están inevitablemente entrelazados.