Culiacán, Sinaloa.- La situación legal del secretario general de la UAS, Robespierre Lizárraga, parece ser complicada debido a su vinculación a proceso por presunto abuso de autoridad. 

La noticia de la vinculación a proceso del secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Robespierre Lizárraga Otero, por presunto abuso de autoridad, ha sacudido las bases de una de las instituciones académicas más importantes del estado. 

Este caso, que ha sido objeto de atención pública y debate durante meses, plantea cuestiones críticas sobre la responsabilidad de los que navegan los recursos de la UAS y la fiscalización de los recursos públicos.

La audiencia inicial, que tuvo lugar después de múltiples aplazamientos y se extendió durante nueve largas horas, finalmente culminó con la decisión del juez de control, Adán Alberto Salazar Gastelum, de vincular a proceso a Lizárraga Otero. 

El juez consideró que había pruebas suficientes para suponer que el secretario general podría estar involucrado en el delito de abuso de autoridad, en relación con la negativa de proporcionar información para una auditoría de los recursos de la UAS.

Los hechos presentados por la Fiscalía General del Estado indican que la Auditoría Superior del Estado (ASE) notificó a la UAS sobre su intención de fiscalizar los recursos de la institución. 

Sin embargo, la respuesta de las autoridades universitarias fue negativa, argumentando que la ASE carecía de competencia para llevar a cabo dicha auditoría. Este desacuerdo dio lugar a un conflicto legal que desembocó en la vinculación a proceso.

Los abogados de Lizárraga Otero han defendido que su cliente no puede ser acusado de abuso de autoridad, ya que no ostenta un cargo en la administración pública. 

Además, han sostenido que la UAS no puede ser fiscalizada por la ASE, ya que esta entidad no se rige por la Ley Orgánica de Gobierno del Estado.

La decisión del juez de control de continuar la investigación y otorgar dos meses de investigación complementaria plantea un camino por delante en este caso. Además, la imposición de la medida cautelar de no salir del país sin autorización judicial añade más complejidad a la situación.

Este caso no solo involucra a Robespierre Lizárraga Otero, sino que también tiene un impacto en la UAS en su conjunto. 

Recordemos que el rector de la universidad, Jesús Madueña Molina, también fue vinculado a proceso en relación con este mismo caso en agosto pasado.

En última instancia, este caso subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, incluso en el ámbito universitario. 

Mientras se desarrolla la investigación, es esencial que la comunidad universitaria y la sociedad en general sigan de cerca este caso, ya que podría tener implicaciones significativas en la UAS y en la percepción pública de la integridad de las instituciones educativas y sus líderes.