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En el escenario político de Sinaloa, se despliega un conflicto entre el actual Gobernador, Rubén Rocha Moya, y su predecesor, Quirino Ordaz Coppel, ahora embajador de México en España.
La trama se enreda con una multa del SAT que roza los mil millones de pesos, herencia cuestionable que Rocha Moya denuncia como un acto doloso por parte de Ordaz.
La Suprema Corte, como testigo imparcial, respalda la posición del SAT al señalar que las auditorías realizadas durante el mandato de Ordaz fueron inadecuadas, especialmente con dos gigantes empresariales locales, Grupo Coppel y Grupo Arhe.
Este veredicto lleva a Rocha Moya a contemplar una respuesta jurídica contra la gestión anterior, subrayando la posible existencia de un dolo que perjudicó el erario.
El relato adquiere matices al recordar el día de la toma de protesta, cuando Quirino advirtió a Rocha sobre la monumental multa pendiente con el SAT.
Esta advertencia se convierte en el epicentro de una serie de consecuencias, desde la suspensión de la concesión estatal por seis meses hasta la carencia de 2,200 millones de pesos para el pago de aguinaldos.
En el intento de mitigar los estragos financieros y negociar con el SAT, Rocha Moya anuncia una reunión estratégica entre el Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y las autoridades fiscales, programada para el 21 de noviembre.
La batalla por resolver los errores millonarios se vislumbra como un desafío, donde el actual gobierno busca el equilibrio entre saldar la deuda y evitar sanciones que podrían paralizar la capacidad de realizar auditorías, una fuente crucial de recursos económicos para el estado.
